Con la llegada del fin de ciclo para muchas administraciones municipales, la obra pública es uno de los principales puntos de tensión y sorpresa. La transición de poderes no solo implica un cambio de mandos, sino también la culminación y entrega de proyectos que impactan directamente a la comunidad.
En este contexto, la Contraloría, liderada por Álvaro Bardales. asume un papel importante en la supervisión de la entrega-recepción de obras para asegurar que se cumplan con los estándares legales y de calidad.
Desde que la nueva administración estatal asumió funciones en septiembre de 2022, se detectaron 11 mil obras con irregularidades significativas, heredadas del período 2016-2022.
A pesar de lo alarmante de la cifra, en menos de 18 meses la Contraloría logró regularizar más de 7 mil de estas obras, completando sus actas de entrega-recepción y corrigiendo inconsistencias.
El proceso de entrega-recepción, establecido por la ley, exige que, una vez terminada una obra, los Ayuntamientos notifiquen a la Contraloría para que supervise y verifique el cumplimiento de las metas y la calidad estipulada.
La participación ciudadana es crucial en este proceso. A través de los comités de Contraloría Social, la ciudadanía tiene un rol activo en la supervisión de las obras, reportando en tiempo real cualquier irregularidad.
Esta vigilancia es fundamental para asegurar que los proyectos se desarrollen conforme a lo establecido.
La Contraloría reconoce que la tarea aún no está concluida. Con la entrada de las nuevas administraciones, se mantendrá un seguimiento puntual de aquellas obras que aún no cuentan con su acta de entrega-recepción, lo cual garantiza que el cambio de poder no signifique una interrupción en el cumplimiento de las obligaciones municipales.
Es fundamental que las nuevas administraciones municipales denuncien las obras públicas que les hereden problemas. Un ejemplo de la rigurosidad de este proceso se vivió el pasado jueves 22 de agosto, cuando Bardales, acompañado por el presidente municipal, Said Chávez, autoridades locales y comités de contraloría social, del municipio de Tlahuiltepa, inspeccionaron personalmente tres obras de pavimentación con concreto hidráulico en las localidades:
Nuevo Monterrey, por un monto de $3,812,712.88
El Embocadero por $686,182.65
Zacatlán por $500,000.00
Las obras, con una inversión importante, fueron aprobadas sin observaciones, lo que permitió la firma inmediata de las actas. El presidente de dicho municipio, logró en los últimos dos años con el apoyo del mandatario estatal Julio Menchaca, la pavimentación de 20 kilómetros.
Sin embargo, no todas las inspecciones son tan favorables. En algunos casos, la Contraloría encuentra obras pagadas que ni siquiera son ejecutadas. Estos hallazgos llevan al inicio de investigaciones para identificar y sancionar a los responsables, una muestra clara de que no se tolerará la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Cabe mencionar que, de enero hasta agosto de 2024, la Contraloría realizó 6 mil 716 visitas para entrega recepción, en los casos en que se detecten irregularidades, no se firman las actas y se asentarán las observaciones para que los ayuntamientos las solventen en un plazo no mayor a 10 días.