Ante los hechos ocurridos en las inmediaciones de la planta industrial de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., trabajadores, jubilados y asociados han solicitado la intervención del gobierno del estado para encontrar una solución pacífica y justa al conflicto en el que se encuentran.
En respuesta a la solicitud, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, junto con otras autoridades estatales, visitó la planta y sostuvo una reunión con trabajadores activos, socios y jubilados.
Durante el encuentro, Olivares Reyna expresó: “Nos interesa la paz y tranquilidad social. Queremos prevenir situaciones trágicas y encauzar el diálogo para encontrar una solución equitativa y justa”.
El secretario también señaló la importancia de lograr un acuerdo mediante la voluntad de las partes involucradas. Indicó que el objetivo es trabajar para llegar a un entendimiento que permita restablecer la actividad de la planta, lo que beneficiaría tanto a los trabajadores como a las comunidades afectadas.
En entrevista, Olivares Reyna, resaltó: «Tenemos que encontrar el punto conductor que nos lleve a la solución de este conflicto”.
De la Cooperativa Cruz Azul, Gilberto Maya Segovia, expresó la importancia de la lucha que los trabajadores han asumido para defender su fuente de empleo y el legado que han heredado de sus padres y abuelos.
“Las personas, los compañeros que están aquí reunidos, lo hacen por convicción, por un sentido de identidad y pertenencia. No sólo estamos defendiendo nuestras instalaciones, también el futuro de nuestras familias y nuestra comunidad”, afirmó.
Carlos Valverde Aranda, también trabajador, destacó la grave situación que atraviesa la comunidad tras dos años sin energía eléctrica: “Llevamos dos años sin operar y sin generar economía para la zona. Esto ha provocado que casi una cuarta parte del municipio esté colapsada. Hablamos de 25 mil personas afectadas directamente, de una población total de 120 mil”.
Cabe destacar que desde el 17 de agosto de 2022, el suministro de energía eléctrica a la planta fue cortado, lo que derivó en una severa crisis económica, afectando no sólo a los empleados, sino a alrededor de 25 mil personas de nueve comunidades cercanas que dependen directa e indirectamente de las operaciones de la planta.